Nosotros/as, representantes de organizaciones de campesinos/as, pueblos indígenas, afro hondureñas, trabajadores/as rurales, organizaciones de la sociedad civil, redes de economía solidaria, organizaciones no gubernamentales, organismos y agencias de cooperación nacionales e internacionales e instituciones gubernamentales, hombres y mujeres en general que participamos en el Foro Nacional “Por una Reforma Agraria Integral y el Desarrollo Rural” realizado el 17 y 18 de Agosto, como espacio de sensibilización a la sociedad y espacio dialogo para la formulación de una declaración publica y un plan de seguimiento a los compromisos adquiridos en el foro con relación al tema de reforma agraria y desarrollo rural como mecanismo de combate a la pobreza, declaramos lo siguiente:
1. Históricamente en Honduras, el sector campesino y en particular la mujer rural, las comunidades indígenas y afro hondureños, atraviesan una crítica situación, debido a las políticas impuestas por Organismos Financieros Internacionales y aplicadas por los diferentes gobiernos de turno quienes además no han tenido una visión de país. Esto ha dado como consecuencia un impacto severo en el incremento de los índices de pobreza, y de extrema pobreza, la marginalidad rural y la profundización de los problemas sociales en el campo y las ciudades Hondureñas. Esta crisis se agudiza aun más por los elevados niveles de corrupción e ingobernabilidad, que limitan en gran medida las oportunidades de producción, empleo, salud, educación, alimentación, vivienda e infraestructura de nuestras
comunidades.
2. La no aplicación de la reforma agraria ha disminuido la capacidad productiva provocada por políticas neoliberales orientada hacia los más privilegiados de la sociedad. Las desigualdades e inequidades se refuerzan a través de un proceso de concentración de la tierra en unas pocas manos. La ausencia de una voluntad política de promover la reforma agraria atrae como consecuencias una falta de oportunidades para la juventud que carece de condiciones adecuadas de educación, empleo y marginación de la economía promoviendo la migración hacia las ciudades y hacia el exterior.
3. En los últimos años, gran parte de la agenda de los gobiernos ha estado enfocada a la promoción e imposición de los Tratados de Libre Comercio que ya están dando como resultado impactos negativos a la agricultura campesina, beneficiando a las empresas transnacionales y el gran capital nacional mediante la reducción arancelaria, violentado la auto determinación de nuestro pueblo.
4. Los/as asistentes a este Foro Nacional reconocemos la necesidad de relanzar un nuevo proceso de reforma agraria de carácter integral, que permita un desarrollo rural sustentable que elimine las causas que originan la pobreza y extrema pobreza con la participación protagónica de campesinos/as, indígenas y afro hondureños como actores claves, y el acompañamiento de la sociedad civil a fin y con la solidaridad y el compromiso de la cooperación nacional e internacional solidaria para impulsar un verdadero proceso de transformación, comercialización y acceso a los recursos productivos, técnicos y financieros y a un mercado justo para las mujeres y hombres del campo que asegure la reactivación de la economía campesina sostenible con transparencia, auditoria social y participación ciudadana.
5. La reforma agraria integral y el desarrollo rural integral, debe responder a la transformación de la estructura de tenencia de la tierra llevando educación, capacitación, tecnología y crédito al área rural, asegurando de esta manera, un proceso auto sostenido de desarrollo con características nacionales que tenga como principio el respeto a la vida y la dignidad humana, el combate a la pobreza y extrema pobreza rural para garantizar la seguridad y soberanía alimentaría, el fortalecimiento de la economía campesina, el respeto a la territorialidad de los pueblos indígenas y afro hondureños, la nacionalización de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
Por lo que demandamos:
1. La firme decisión política del Gobierno, en toda su institucionalidad (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial), para propiciar e impulsar cambios auténticos en la estructura agraria a través de políticas, normas y leyes que garanticen el acceso, la tenencia y seguridad de la tierra y demás recursos productivos; dentro de un marco de fortalecimiento a la soberanía alimentaria y protección de los patrimonios naturales, culturales y el cumplimiento a los derechos humanos.
2. Impulsar una reforma agraria integral, que garantice el acceso y seguridad a la tierra, al agua, al bosque, la biodiversidad, las semillas criollas, a los bienes y recursos productivos, la asistencia técnica, innovación tecnológica, la investigación, el riego, la comercialización y el financiamiento para la producción entre otros. Además, que apoye decididamente a las empresas y comunidades beneficiarias del proceso con los servicios complementarios para asegurar un auténtico desarrollo rural: salud, educación, vivienda, infraestructura productiva y demás servicios necesarios.
3. Que el nuevo proceso de reforma agraria integral, garantice la soberanía y seguridad alimentaria con la participación plena de los campesinos/as, indígenas y Afro Hondureños, respetando los patrones culturales de producción y alimentación de la población Hondureña. Al mismo tiempo que proteja los recursos fitogenéticos con potencial alimenticio y medicinal evitando la patentización y la introducción y propagación de organismos genéticamente modificados.
4. Un proceso de reforma agraria integral, que se base en un acceso equitativo e igualitario a la tierra y los recursos productivos para hombres y mujeres orientado a fortalecer la integración familiar campesina y disminuir la brecha de desigualdades entre ambos sexos posibilitando mayores oportunidades de empleo e ingreso. También que considere la unidad territorial como punto de planificación y fortalecimiento en la estrategia de desarrollo integral.
5. Que la tierra adjudicada por medio del proceso de reforma agraria no pueda ser vendida, enajenada o dividida, realizando las acciones legales correspondientes a los responsables que participen o hayan participado en tales acciones ilícitas, así como la recuperación de las tierras en poder de personas naturales y/o jurídicas que las hayan adquirido ilegalmente.
6. Que se emita un decreto legislativo, donde todas las tierras publicas o privadas que actualmente están siendo ocupadas por familias campesinas, indígenas y afro Hondureños, sean inmediatamente expropiadas para adjudicarlas y titularlas a favor de las familias en ocupación, además, que los Tribunales de Justicia deben abstenerse de conocer todas aquellas demandas de desalojos o acusaciones criminales contra los grupos campesinos, por tratarse estos estrictamente de materia agraria. Exigimos la resolución de los conflictos agrarios en mora.
7. La derogación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y otras leyes, normas y políticas que afectan el Desarrollo Rural. Implementar un nuevo marco legal agrario.
8. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales y oportunidades productivas y de gestión empresarial del sector campesino, indígena y afro Hondureño.
9. Establecer un seguro agrícola de cosechas o una indemnización para garantizar la economía de las familias campesinas, en caso de perdidas por causas fortuitas o de fuerza mayor.
10. Establecer políticas de comercialización que garanticen un precio justo y que protejan a los pequeños y medianos productores que se encuentran en una situación de desventaja ante el modelo actual de libre mercado.
11. Una reingeniería en el Instituto Nacional Agrario, Banco nacional de Desarrollo Agrícola, Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, Instituto Nacional de Formación Profesional, Secretaria de Agricultura y Ganadería. Que se cree el Consejo Permanente de Planificación y Desarrollo Agrario, con la participación de los campesinos/as, indígenas y afro Hondureños, con el propósito de aprovechar al máximo los recursos humanos, financieros y técnicos, para el fortalecimiento de la Reforma Agraria Integral y el desarrollo rural.
12. Que el Instituto Nacional Agrario sea elevado al rango de Secretaria de Estado, para que cumpla con las funciones para el cual fue creado y fortalecer además los niveles de coordinación interinstitucional con el sector gobierno y las organizaciones campesinas.
13. Evitar la privatización de los servicios de las instituciones gubernamentales.
14. La plena vigencia y el respeto al derecho constitucional de la Reforma Agraria contenido en los artículos del 344 al 350 de la Constitución de la República.
15. El cumplimiento del convenio 169 de la OIT y ratificado por el Gobierno de la República para garantizar la perpetuidad y desarrollo de los pueblos indígenas.
16. Que se defina una nueva política de minería orientada a la conservación de los recursos naturales, con el aprovechamiento directo de las comunidades y no de las transnacionales, para evitar que esta actividad siga destruyendo los recursos naturales y la salud de la población.
17. Democratizar el sistema educativo nacional, de forma que garantice el acceso, a la educación formal y no formal. Incorporando en el currículum de los distintos niveles educativos, los aspectos de la nueva ruralidad como un elemento importante en la formación de las nuevas generaciones y el rescate de nuestra cultura.
18. Buscar alternativas comerciales con bloques económicos hacia el sur como el ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas) y el MERCOSUR.
19. Que se reoriente la Estrategia de Reducción de la Pobreza, y todos aquellos programas y proyectos similares, incluyendo los que están bajo la responsabilidad de los gobiernos municipales, a fin de que integren en su estrategia de gobierno, la reforma agraria integral, sin exclusiones de los sectores marginales rurales.
20. La plena participación del sector campesino en el marco de la propuesta para cultivar, procesar e industrializar 250 mil hectáreas de palma africana y otros rubros para la generación de bio-carburantes, (bio-diesel, bio-etanol).
21. Al Excelentísimo Señor Presidente de la República, que honre sus promesas de campaña que en su condición de candidato presidencial suscribió en acta de compromiso con el movimiento campesino hondureño, en la cual se comprometió ha implementar la reforma agraria integral y el desarrollo rural. Así como lo ratifico durante su comparecencia en este foro, en el cual expreso “…Hay una serie de leyes pero se puede derogarlas para resolver los conflictos agrarios… hay que cambiar la ley para que el Estado pueda adjudicar tierra.. cuenten con este servidor de ustedes…”
En aras de garantizar el cumplimiento de las demandas planteadas, el movimiento campesino seguirá fortaleciendo la unidad, las alianzas con otros sectores y las luchas para la implementación de una Reforma Agraria Integral y el Desarrollo Rural para el combate a la discriminación y la erradicación de la pobreza.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central en el salón de expo del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil seis.
¡Reforma Agraria Integral y Desarrollo Rural para el combate a la pobreza!
¡La Reforma Agraria Integral… Viene de regreso!
¡Ni campesinos ni campesinas sin tierra… ni tierra sin campesinos y sin campesinas!