Pronunciado: El 21 de mayo de 1972.
Versión digital: Eduardo Rivas, 2015.
Esta edición: Marxists Internet Archive, 4 de
febrero de 2016.
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Vuelvo después de un año a este antiguo recinto de los legisladores de Chile para hablar tanto de las tareas cumplidas como de aquéllas que el futuro nos exige. Los doce meses que acaban de transcurrir han sido plenos de acontecimientos y ricos en realizaciones, los más importantes de los cuales están contenidos de modo detallado y sistemático en los anexos de este Mensaje.
Muy probablemente, nuestros juicios sobre las principales manifestaciones del proceso que vivimos no serán unánimes. Sin embargo, algunos merecerían ser coincidentes, porque sobre ellos hay acuerdo entre la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.
En esta oportunidad, quiero destacar tres dimensiones fundamentales. En primer lugar, que Chile creció en este año. Creció aquí adentro, porque recuperamos de las manos ajenas riquezas y bienes nuestros. Creció hacia afuera, en la imagen que el hombre común de todo el mundo tiene hoy día de nosotros. Aquí, en nuestro país, están cobrando vida antiguas aspiraciones para ser realizadas concretamente en el mundo de las cosas.
¿Sería demasiado sostener que nosotros los chilenos tenemos en las manos antiguos y nobles anhelos de la humanidad para encontrar soluciones nunca antes completadas? Creo que no. Es lo menos que se puede admitir al evaluar nuestro intento, en germen todavía, pero más promisorio que cualquier otro, de crear una sociedad socialista en democracia, pluralismo y libertad. Algunos pueden pensar que esto es una falacia porque, a su modo de ver, lo que atrae la atención hacia Chile es que aquí se expropia el patrimonio de poderosas corporaciones multinacionales, que aquí se destrona al gran empresario monopolista del papel de gestor supremo del destino de los pueblos.
Sin duda, tienen motivos para reaccionar así los pocos que, al perder lo que indebidamente se habían apropiado, temen perder aún más si el ejemplo de Chile se extiende a otras partes. Lo que cuenta, sin embargo, no es la opinión de esos sectores sino la del trabajador, del intelectual, del campesino, del profesional y del estudiante, que miran nuestro ejemplo con alegría y esperanza. El interés por la tarea colectiva en que Chile está empeñado estimuló la presencia, en nuestro país de la comunidad internacional representada en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Hemos escuchado y leído el balance de la situación mundial que acaba de hacerse en ese foro. Hemos visto cómo la inmensa mayoría de los países del Tercer Mundo está aprisionada por una estructura interna que concentra cada vez más los recursos disponibles en una minoría de la población, lastrando progresivamente su crecimiento socio-económico potencial. Y se halla aherrojada en una estructura de relaciones económicas internacionales que discrimina en favor de los países más ricos, haciendo cada vez más hondo el abismo de desigualdad entre la mayor parte de la comunidad mundial y el reducido núcleo de países desarrollados. Ante semejante perspectiva, la humanidad no puede sino esperar que en los años próximos los países compitan en desórdenes internos y en conflictos internacionales de gravedad cada vez mayor.
Pero también estamos contemplando cómo, en el corazón mismo del capitalismo industrial, sus más representativas autoridades económicas se declaran abiertamente impotentes para procurar un crecimiento de su producto interno que satisfaga las exigencias materiales de su población. Precisamente en estos días, la Comunidad Económica Europea ha planteado a los Estados miembros que es imperativo reducir las expectativas de aumento del consumo de bienes materiales, dar prioridad a la producción alimenticia, prolongar al máximo el aprovechamiento de todos los equipos, y someter su sistema económico a una planificación rigurosa. En otras palabras, hoy se reconoce formalmente como imposible la tan celebrada sociedad de consumo, que no es tal para las grandes masas. Los dirigentes máximos de la economía de los países más desarrollados están anticipando para su propio futuro los rasgos de lo que quizás se denominará sociedad de anti-consumo.
Si los países capitalistas poderosos encuentran semejantes frenos internos a su crecimiento, cuánto más trágica será la perspectiva para aquellos que unen al débil desarrollo de su economía la condición de ser dependientes y, además, explotados por las grandes empresas extranjeras. El capitalismo, como sistema económico y social, en su impotencia de atender las necesidades más vitales y de abrir horizontes más optimistas, autogenera las condiciones para que los estallidos violentos aparezcan como medio de solución.
Nuestro país está abocado a resolver los problemas que confronta el Tercer Mundo. Pero con la profundidad que le imprime el impulso revolucionario, y con la urgencia que exigen nuestros campesinos, técnicos, pobladores, profesionales, obreros y empleados. Las carencias materiales de nuestra población requieren acelerar la expansión económica. Sin embargo, el crecimiento no basta si no está inspirado en atender primero las necesidades de las grandes mayorías, y no la inagotable voluntad de consumo de los más acomodados. Todo modelo de crecimiento, como cualquier diseño político general, contiene un orden de prioridades. Para nosotros, la prioridad la impone la liberación social y el bienestar de los trabajadores, de los más necesitados.
El Gobierno popular y el régimen legal-institucional
La segunda dimensión principal que deseo destacar es que mi Gobierno no sólo indica claramente las grandes metas que deseamos alcanzar; muestra con nitidez el camino a recorrer, las etapas sucesivas y los mecanismos a través de los cuales queremos aproximarnos a los objetivos programáticos. La función de las instituciones estatales es central en el combate revolucionario. Ponerlas al servicio de los trabajadores ha sido el fin principal de la lucha política durante varias generaciones, hasta conquistar la dirección del Poder Ejecutivo, con la misión de realizar los cambios estructurales que les permitan acceder a la dirección del Estado.
Por eso es tan importante expresar nuestra posición ante el régimen institucional. Este ha resultado de la evolución histórica del ordenamiento social, que le ha dado su contenido de clase pero que también ahora lo modifica y permite la nueva orientación del Ejecutivo.
Mi Gobierno mantiene que hay otro camino para el proceso revolucionario que no es la violenta destrucción del actual régimen institucional y constitucional.
Las entidades de la administración del Estado actúan hoy, no al servicio de la clase dominante, sino al de los trabajadores y de la continuidad del proceso revolucionario; por consiguiente, no se puede pretender destruir lo que ahora es un instrumento para actuar, cambiar, y crear en beneficio de Chile y sus masas laborales.
El poder de la gran burguesía no se basa en el régimen institucional, sino en sus recursos económicos y en la compleja trama de relaciones sociales ligadas al sistema de propiedad capitalista. No vemos el camino de la revolución chilena en la quiebra violenta del aparato estatal. Lo que nuestro pueblo ha construido a lo largo de varias generaciones de lucha, le permite aprovechar las condiciones creadas por nuestra historia para reemplazar el fundamento capitalista del régimen institucional vigente por otro que se adecúe a la nueva realidad social.
Los partidos y movimientos políticos populares han afirmado siempre, y así está contenido en el Programa de Gobierno, que acabar con el sistema capitalista necesita transformar el contenido de clase del Estado y de la propia Carta Fundamental. Pero también hemos afirmado solemnemente nuestra voluntad de llevarlo a efecto conforme a los mecanismos que la Constitución Política tiene expresamente establecidos para ser modificada.
La gran cuestión que tiene planteada el proceso revolucionario, y que decidirá la suerte de Chile, es si la institucionalidad actual puede abrir paso a la de transición al socialismo. La respuesta depende del grado en que aquélla se mantenga abierta al cambio y de las fuerzas sociales que le den su contenido. Sólo si el aparato del Estado es franqueable por las fuerzas sociales populares, la institucionalidad tendrá suficiente flexibilidad para tolerar e impulsar las transformaciones estructurales sin desintegrarse.
Tan trascendente problema se planteó crudamente a partir del 4 de septiembre de 1970. Las fuerzas sociales anticapitalistas llegaron al Gobierno a través del regular funcionamiento del régimen institucional. Si éste hubiera estado cerrado, en ese momento se habría quebrado la institucionalidad y Chile habría sido víctima de la violencia desatada.
Las instituciones políticas resistieron sólidamente la presión extranjera y el ánimo destructor de un sector de la burguesía, porque las sostuvo el pueblo agrupado tras las candidaturas presidenciales de la Democracia Cristiana y la Unidad Popular. Nuestras Fuerzas Armadas derrotaron la presión ejercida para utilizarlas contra el libre desarrollo del régimen institucional. Lamentablemente, no podemos decir que el pueblo llegó al Gobierno sin sangre y sin dolor, porque el General Schneider centró en su inmolación personal la violencia que se quiso desatar sobre el país.
Me asiste la plena convicción de que si hoy el régimen institucional continúa actuando regularmente es porque las fuerzas populares, dentro de él, lo están sosteniendo. Pero si las instituciones tienen su más sólido respaldo en los trabajadores, es porque no se han mostrado cerradas a su ascenso. Ellas no son una abstracción, sino que responden a la fuerza social que les da vida.
Ayer la CORFO, por ejemplo, trabajaba en provecho del capitalismo. Hoy está acabando con los monopolios. Para el Gobierno Popular, las causas fundamentales del subdesarrollo y la dependencia se encuentran en la estructura económica, que debe ser cambiada cualitativamente. Pero estamos muy lejos de confundir el resultado del proceso de superación del sistema capitalista con los medios y mecanismos a través de los cuales se acumulan las transformaciones. Necesitamos desarrollar los factores sociales y económicos que niegan el régimen actual. Los factores que generan el proceso revolucionario no se encuentran en las instituciones, sino en las nuevas relaciones de producción que se están instaurando, en la conciencia y movilización de los trabajadores, en las nuevas organizaciones que los cambios infraestructurales deben producir, y que los Partidos deben estimular y encauzar.
La transformación del régimen legal e institucional chileno no puede ser producto de la acción voluntarista de una minoría osada, sino resultado de la acción consciente y organizada de las grandes masas, que perciben esta necesidad y crean los mecanismos que la hacen posible. No concebimos sentar las bases de la futura sociedad socialista mediante el espontaneísmo inorgánico. Eso sería un salto en el vacío.
Significaría, por supuesto, el derrumbe y destrucción del actual régimen constitucional. Pero también someter al país, y principalmente al pueblo, a la pérdida de vidas, así como de fuentes de trabajo y bienestar que necesita.
No se puede descartar que la escalada contra el régimen institucional llegue a provocar las condiciones de la ruptura violenta. El Gobierno y los trabajadores organizados están conscientes de ello, dispuestos a asumir el papel que les corresponde. Ni el Programa de la Unidad Popular ni el Gobierno buscan los riesgos del salto en el vacío.
Esto significa que los cambios cualitativos exigidos por el desarrollo del país y la consolidación del proceso revolucionario deben ser realizados planificada y orgánicamente con la mayor velocidad posible. Pero como nuestro régimen reposa formalmente en el principio de la legalidad, contemplamos transformar las instituciones a través de modificar las normas legales. Por eso hoy, beneficiados de la experiencia acumulada, se impone más que nunca recordar lo que dijera hace doce meses en este mismo Congreso Pleno en mi Primer Mensaje: “Nuestro sistema legal debe ser modificado. De ahí la gran responsabilidad de las Cámaras en la hora presente: contribuir a que no se bloquee la transformación de nuestro sistema jurídico.
Del realismo del Congreso depende, en gran medida, que a la legalidad capitalista suceda la legalidad socialista, conforme a las transformaciones socioeconómicas que estamos implantando, sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y excesos que, responsablemente queremos evitar”.
La meta que la realidad nacional nos ha impuesto es de una envergadura que desborda, en sus proyecciones, los límites de nuestra Patria, de América Latina e, incluso, de los países dependientes. En todas partes están atentos a si seremos capaces de avanzar en la transformación revolucionaria del sistema capitalista con un régimen de pluralismo, de multipartidismo, sin paréntesis del principio de legalidad, sin que el ejercicio de las libertades públicas ponga en peligro la emancipación social de los trabajadores.
Las dificultades que estamos encontrando son serias y de todo orden. Tenemos que vencer la inercia del viejo régimen, además de sortear los obstáculos levantados por poderes extranjeros. La solidez de las instituciones civiles y militares lo harán factible. La fuerza social, el apoyo político, la reserva moral con que cuenta mi Gobierno, son muy considerables.
Suficientes para asegurar bajo cualquier circunstancia que no se interrumpirá la acción revolucionaria. Pero la capacidad de interferencia que tiene la oposición, el propósito aventurero de ciertos grupos son, también, considerables. Suficientes, quizás, para alterar las modalidades específicas del cambio que anhelamos seguir. Chile necesitará toda la madurez política acumulada en su historia para enfrentar el reto que tiene planteado. El Gobierno no descansará en sus esfuerzos para que el peso objetivo de los intereses de la gran mayoría de nuestros conciudadanos se sobreponga al designio de violencia de determinados sectores nacionales y extranjeros.
Nuestra obligación básica es asegurar la continuidad del proceso revolucionario dentro de los cauces que el pueblo ha trazado.
La demolición de los pilares básicos del capitalismo chileno
Una tercera dimensión sobre la que deberíamos estar de acuerdo, como lo está la mayoría del pueblo, es que estamos creando las bases económicas de una sociedad más justa, más igualitaria y más capaz de progreso generalizable a toda la población. Más justa, porque no se funda en el privatismo, movido por el afán de lucro, basado en la competencia económica y en la explotación del trabajo ajeno, sino en los principios opuestos de solidaridad, responsabilidad social y defensa de los supremos intereses nacionales y populares.
Una estructura económica caracterizada por la propiedad privada de los medios de producción fundamentales, concentrados en un grupo reducido de empresas en manos extranjeras, y de un número ínfimo de capitalistas nacionales, es la negación misma de la democracia. Un régimen social es auténticamente democrático en la medida que proporciona a todos los ciudadanos posibilidades equivalentes, lo que es incompatible con la apropiación por una pequeña minoría de los recursos económicos esenciales del país. Avanzar por el camino de la democracia exige superar el sistema capitalista, consubstancial a la desigualdad económica.
Al asumir el Gobierno Popular, el 1% de los establecimientos manufactureros poseía el 40% del capital fijo. En el comercio mayorista, el 0,5% de las firmas distribuidoras efectuaba el 44% de las ventas totales.
Un 2% de las familias controlaba el 46% del ingreso nacional. Mientras tanto, 60% de las familias tenían un salario inferior a dos sueldos vitales y percibía el 17% de los ingresos del país. Unos pocos son muy ricos, la abismante mayoría es pobre.
Para acabar con esta situación llegamos al Gobierno. Para terminar de raíz con los privilegios económicos estamos en el Gobierno. Nuestra misión histórica es demoler construyendo.
Demoler los pilares básicos que sostienen el régimen capitalista. Construir los fundamentos del régimen socialista.
En estos meses Chile celebra la abolición del latifundio. Cuatro siglos de explotación a costa de los campesinos han terminado para siempre. Este proceso no ha sido fácil. No lo fue en ningún país y no lo ha sido en Chile. Pero al hacer el balance, el costo social y humano de nuestra Reforma Agraria no tiene precedentes. Acabar con una clase dominante, la terrateniente, es una gesta que señalará este año como el término de un cielo en nuestra historia y el inicio de uno nuevo. El ocaso de los herederos de la aristocracia agraria y la emergencia del campesino.
Hace año y medio la concentración del capital era también aplastante. El 78% de los activos de las sociedades anónimas estaba en poder del 17% de ellas. De treinta y cinco mil empresas fabriles, el1% entregaba más del 60% de la producción. El Gobierno Popular ha actuado contra la apropiación privada de ese uno por ciento y en favor del 99% restante.
El capitalismo interno también se apoyaba en los bancos privados. El control de los bancos comerciales estaba en manos de un grupo de familias y al servicio de los intereses financieros de una minoría. Cinco de los veintiséis bancos privados controlaban el 57% de las colocaciones totales. De los veintiséis bancos privados existentes al asumir el Gobierno, 18 se encuentran bajo control de la Nación. En otros dos, el Estado posee el número suficiente de acciones para dirigir sus Directorios; mientras los seis restantes son pequeños bancos regionales sin mayor influencia. Los bancos extranjeros fueron traspasados a Chile mediante acuerdos directos.
El año 1972 marcará el fin de la hegemonía oligárquica que, a través de la propiedad de los instrumentos esenciales de dominio social -los latifundios, la banca y los monopolios- mantuvo en la subordinación económica a nuestro pueblo, se enriqueció cuanto pudo, e hipotecó el país al extranjero.
La liberación de la dependencia externa
Señores miembros del Congreso Pleno:
La empresa histórica de acabar con la supremacía económica de los grandes capitalistas nacionales sólo es realizable si, al mismo tiempo, liberamos a nuestra Patria de la sumisión al imperio capitalista, a que había sido entregada. Grandes empresas extranjeras, algunas de ellas con mayor poder económico y político que muchas naciones, habían ocupado posiciones estratégicas en nuestro organismo económico, mediatizando su funcionamiento y orientándolo hacia sus propios fines. Con firme resolución patriótica, con sacrificio, mi Gobierno conquista la independencia económica de nuestro país, única garantía de independencia política real.
La liberación económica comenzó el mismo día que asumió el Gobierno Popular. Empezamos con la nacionalización del cobre, con la del hierro y del acero, con la del salitre y el yodo.
Continuamos con la de los bancos extranjeros, con algunas empresas industriales, con las empresas distribuidoras y, ahora, estamos nacionalizando la Compañía de Teléfonos, enclave de la ITT en nuestra economía. Hemos avanzado considerablemente, pero aún hay grandes dificultades por resolver. El país sabe que llegamos al Gobierno con un endeudamiento externo que sumaba alrededor de 4.125 millones de dólares, el más alto volumen de nuestra historia.
A lo largo de los diecisiete años para los que se dispone de información, las remesas de utilidades y dividendos de la inversión extranjera fueron equivalentes a cuatro veces los ingresos netos de capital, incluida la reinversión de utilidades obtenidas en el país. La política de endeudamiento externo y de atracción de capitales se tradujo en un flujo neto negativo.
Embarcado en tal círculo vicioso, a fines de la década de los sesenta Chile estaba constreñido a endeudarse más sólo para poder pagar las deudas anteriores, mientras los sectores estratégicos de la economía pasaban progresivamente a la dominación del capital extranjero.
Contra esta política económica hemos procedido. Al nacionalizar nuestras riquezas básicas, estamos captando excedentes que hasta 1970 perdíamos. No obstante, nos encontramos ante una limitación fundamental: tenemos que distraer una parte de ellos para pagar las deudas contraídas anteriormente.
Configuración del Área Social
El Gobierno de los Trabajadores está en dura lucha contra el poderío del capital extranjero y contra los grandes capitalistas internos que actuaban en simbiosis con aquél. Esta lucha hasta ahora ha sida incruenta; son sus armas la unidad organizada de los trabajadores, la conciencia de su papel en la sociedad, y el control de los recursos económicos fundamentales del país. Por eso, cada empresa monopólica o estratégica que pasa a manos de la clase trabajadora es una posición ocupada al capitalismo, un nuevo baluarte de la independencia de Chile y su liberación social.
Concebimos el Área Social, en su estructura y orientación, coma el embrión de la futura economía socialista. El excedente generado se destina íntegramente a comprar más equipos y ampliar la propia producción de la empresa o de otras empresas. El crédito que obtienen se dedica a favorecer el proceso productivo y no a propietarios particulares. Así, por ejemplo, en la provincia de Concepción, donde el Área Social alcanza la mayor densidad al comprender casi toda la actividad industrial de la región, la producción creció en 21% en 1971 contra menos del 3% en el período 1967-1970.
El Área Social reúne hoy las cuarenta y tres empresas que eran propiedad estatal antes del 4 de noviembre de 1970, más cincuenta y cinco que se han incorporado por decisión del Gobierno. Otras ochenta y tres están bajo control público transitorio como consecuencia de infracciones legales que motivaron su intervención o requisición.
Para completar y delimitar el Área de Propiedad Social, hemos dado a conocer la relación nominal de empresas que deben integrarla. Se han avanzado acuerdos para traspasar catorce de ellas a propiedad pública, y se está en conversaciones con otras veinte. Asimismo, se han hecho considerables progresos para acabar con el monopolio del comercia mayorista.
Papel del Área Privada de Producción
El mandato que el pueblo ha confiado a mi Gobierno es muy claro en su contenido: terminar con el poder monopolista agrario, industrial y financiero -nacional o foráneo-, para iniciar la construcción del socialismo, lo que hace explícita la voluntad de limitar el Área Social a la función de sector dominante de nuestra economía en coexistencia con el área privada y mixta.
Este propósito programático lo hemos instrumentado de modo cada vez más definido. En primer lugar, mediante medidas concretas de estímulo y ayuda a las medianas y pequeñas unidades empresariales. En segundo lugar, mediante la delimitación legal de la extensión del Área Social. Así, hemos propuesto a este Congreso normas precisas en un proyecto de ley y en mis observaciones al proyecto de reforma de la Constitución, actualmente en trámite.
Nuestro programa económico contempla estimular a los empresarios medios y pequeños a seguir produciendo y a que inviertan más.
Para ello hemos impulsado un plan de expansión económica acelerada que asegura a los industriales y comerciantes un mercado interno activo y abre las posibilidades de exportar; para ello hemos proporcionado créditos que antes no tenían y tasas de interés más bajas. Para citar sólo un ejemplo, el porcentaje de variación de las colocaciones en moneda corriente del sistema bancario al sector privado aumentó, durante 1971, en un 31% en los bancos comerciales, y en un 100% en el Banco del Estado.
Con esto no hacemos ninguna concesión ni fingimos falsas intenciones. Sólo somos consecuentes con nuestra concepción teórica. La superación del capitalismo y transición al socialismo, de acuerdo con nuestro camino, requiere la presencia y el aporte de la capacidad empresarial de un área activa de medianos y pequeños productores. Lo que el proceso revolucionario exige es, justamente, acabar con la dictadura del monopolio privado y liberar así las fuerzas productivas internas.
Expansión de la economía
El modelo político que mi Gobierno está siguiendo para encaminarnos al socialismo exige que la revolución socioeconómica tenga lugar simultáneamente con la expansión económica ininterrumpida. Esta es una empresa de duras proporciones. Si no somos capaces de llevarla a cabo, el proceso revolucionario proseguirá su curso a través de medios más inciertos y mucho más costosos que los actuales como demuestra elocuentemente la experiencia histórica de las revoluciones en el resto del mundo.
Mi Gobierno no desea la violencia. El Gobierno Popular tiene su legitimidad en la voluntad de nuestro pueblo de acabar con un régimen social que es en sí mismo institucionalmente violento. Que ha condenado a las grandes mayorías a la miseria física, a la indigencia cultural y a la explotación de su trabajo.
Para vencer la violencia económica y social sobre ellos ejercida, los trabajadores se han comprometido con el buen desarrollo de la política económica de su Gobierno. Por eso la más importante movilización popular ha sido en torno a la Batalla de la Producción, decisiva para vencer política y económicamente al capitalismo.
La estamos ganando. Baste contemplar algunos resultados. Mientras el producto interno aumentó en un 3,7% de promedio anual entre 1966 y 1970, en el primer año de nuestro Gobierno creció en 8,5%. En los mismos períodos, mientras la producción agropecuaria crecía en 2,5% anual, en 1971 aumentó en 5,8%; la producción industrial subió del 3,3% al 12,1%; la construcción, del 1,4% al 12,2%. En 1971 el esfuerzo de los trabajadores del campo, de las minas y dé las ciudades, nos ha situado en el segundo lugar de crecimiento económico entre los veintitrés países latinoamericanos, de acuerdo con los estudios de la Comisión Económica para América Latina, de las Naciones Unidas.
Ya no somos el país estancado. No somos el país con desocupación sin esperanza y con una distribución del ingreso implacablemente desigual.
Los resultados alcanzados en 1971 no son un acontecimiento efímero. Inician un período de expansión que se sigue reflejando en los indicadores durante los primeros cuatro meses de 1972. Pese a las dificultades inherentes al proceso revolucionario, crecerán la producción minera, la industrial, la construcción y los servicios.
En 1971 produjimos cerca de 730 mil toneladas de cobre entre la grande, mediana y pequeña minería. Nunca antes se había producido tal volumen. En los primeros meses de 1972 los resultados son favorables en varias minas y Chile confía que los trabajadores del cobre cumplirán las metas trazadas para el año. Batimos también un record en la producción del acero y llegamos a las 640 mil toneladas, un 10% más que en 1970.
La producción de energía eléctrica creció en 16%. En su conjunto, la industria nacional ha exhibido la más alta tasa de crecimiento desde el año 1930.
Esta expansión no fue el fruto del azar. El mayor control que el pueblo ha logrado sobre los medios de producción, la vigilancia de los trabajadores para evitar la especulación y el sabotaje y, en general, el mayor control social de los mecanismos e instrumentos económicos, del crédito, de las divisas, de la producción, del empleo, de los precios, de los excedentes, hicieron posible poner en tensión la economía. Aunque con menos dólares que antes, sin nuevos préstamos privados externos, bajo el hostigamiento permanente del poder imperialista, estamos dando un ejemplo de como un pueblo, movilizado y consciente, puede aumentar la producción.
Hay doscientos mil nuevos empleos, se dio reajustes preferenciales a los trabajadores de bajos ingresos. Así se incrementó la demanda abriéndose un mercado interno dinámico que ocupó gran parte de la capacidad productiva ociosa.
Aún quedan recursos productivos sin uso en varias actividades industriales, y en sectores como el agro y la minería. En 1972 los pondremos en funcionamiento. Reactivaremos algunas líneas industriales, incorporaremos al cultivo alrededor de trescientas mil hectáreas. Este también será un año de expansión económica, para decepción de la presión extranjera y de la resistencia de los grandes capitalistas nacionales.
El descenso en un 7% de la inversión global durante 1971 tendrá, afortunadamente, menos efecto del que algunos auguran. El promedio de la tasa de inversiones entre 1966 y 1970 fue de 15,3%, contra un 14,9% en 1971. Hemos disminuido sólo cuatro décimos respecto de ese promedio aunque el precio del cobre ha bajado, aunque se terminaron los llamados planes de expansión de la gran minería que significaron la inversión de varios centenares de millones de dólares en tres años, aunque se interrumpieron las inversiones externas privadas, aunque no se recibieron los cuantiosos préstamos contratados por la administración anterior.
Del mismo modo, el Gobierno está haciendo nuevas e importantes inversiones en todos los sectores. Se construyen silos, bodegas, agroindustrias y se compran máquinas y equipos para la agricultura; invertimos en la minería, resolviendo limitaciones como la falta de agua y electricidad, mientras los ingenieros chilenos rectifican los errores técnicos antes cometidos en los llamados planes de expansión; invertimos en la industria, en la electricidad, en el cemento, en el carbón, en el petróleo; está en reconstrucción la zona del sismo del 8 de julio de 1971; se inician nuevas viviendas, hospitales, escuelas, canchas deportivas, balnearios populares y parques de esparcimiento como el O’Higgins. En resumen, estamos ampliando la capacidad productiva del país y mejorando las condiciones de vida del pueblo. Así nos preparamos para próximas etapas que aseguren la expansión de la economía para el buen desarrollo del proceso revolucionario.
Nueva orientación social de la capacidad de producción
El nuevo sentido social que inspira este esfuerzo ha hecho necesario reorientar la producción para atender necesidades más esenciales y más compartidas por la gran mayoría de nuestros compatriotas. Trabajar más para que los más vivan mejor es un imperativo de la democracia económica.
Ya se observa un cambio gradual en los patrones de consumo y en el aparato productivo. Por ejemplo, estamos racionalizando la industria automotriz; hemos decidido reducir el número de modelos de automóviles, limitándolo a los tamaños pequeño y mediano; una planta destinada a producir autos de lujo fue transformada en fábrica de camiones. La producción de cocinas a gas, de máquinas lavadoras, de estufas, de artículos para el hogar, aumentó notablemente.
Las imprentas produjeron cinco millones de textos, repartidos gratuitamente a los escolares.
Ya no sólo se produce literatura para una minoría, se han impreso varios millones de libros vendidos a precio popular. En sólo cinco meses Quimantú, editorial del Estado, vendió más de un millón de libros.
En el sector de la vivienda, el aparato productivo ha cambiado también su orientación; el cemento, la madera, el vidrio y los demás materiales de construcción no se destinan a grandes y lujosas mansiones; a través de planes de vivienda sin precedentes han sido empleados, hasta agotarlos temporalmente, en producir viviendas sencillas.
La industria de bienes de consumo popular ha tenido una permanente y activa demanda, crédito más barato y estímulos nuevos, lo que le ha permitido aumentar y dinamizar su producción. La industria textil se expande progresivamente.
En cuanto el transporte popular, se avanza en la construcción de la línea uno del tren metropolitano de Santiago. Hemos adquirido en el exterior dos mil nuevos buses y mil taxis.
Nuestras plantas están construyendo varios miles de carros de ferrocarril. El mayor poder de consumo ha conducido a un incremento vertical en los transportes; la venta de pasajes de locomoción colectiva ha aumentado en más de 40% en un año; lo mismo ha ocurrido en los ferrocarriles y en los pasajes aéreos, sector para el que se está adquiriendo nuevos aviones. El sistema de transportes se ha hecho insuficiente y los esfuerzos del Gobierno, que se ven limitados por las dificultades en nuestra balanza de pagos, tienden a mejorar la movilización popular tanto en la capital como en las provincias.
En los cultivos agrícolas los recursos han sido orientados hacia la producción de alimentos para el consumo pasivo. Este año aumentará notablemente el área cultivada de trigo y otros cereales; para ello importamos varios miles de tractores.
Una característica del subdesarrollo es la desnutrición. Para terminar con ella es indispensable enriquecer la dieta de nuestros compatriotas. Fatalmente, la necesidad de preservar y aumentar la masa ganadera y de ahorrar las divisas que demanda la importación de carne, nos obligó a mantener el régimen de veda.
Hemos impulsado el desarrollo de la pesca en escala muy superior a la mantenida anteriormente. Barcos modernos especializados en la pesca de alta mar abastecen los mercados de todo el país de un producto que llega a los hogares a un precio bajísimo.
Por eso puede decirse que la preocupación del Gobierno por el consumo de los frutos del mar se ha convertido en un proceso importante de cambio en el régimen alimenticio, ya que ha introducido nuevos hábitos en los consumidores y ayuda a mejorar la dieta de los hogares, ha estimulado la capacidad organizativa y creadora de nuestras mujeres, ha reducido parte del gasto diario y ha contribuido al mantenimiento de la reserva de divisas.
Señores parlamentarios:
La progresiva democratización de la economía ha permitido que Chile dé nuevos pasos en la conquista de las libertades sociales. No es posible instaurar la libertad social sin la previa existencia de una real democracia económica, y así incrementar la libertad de trabajo, de salud, de cultura, de techo, de seguridad social, y de esparcimiento recreativo para millones de compatriotas.
Mayor libertad para trabajar
Nuestro país terminó 1970 negando el trabajo a centenares de miles de chilenos con voluntad de vivir de su esfuerzo. Durante el año transcurrido se han creado más de 200.000 nuevos puestos de trabajo, y en diciembre de 1971 el número de cesantes en Santiago había disminuido de 8,3% a 3,5%. Se ha reducido en un 55% el número de trabajadores que recurrieron a la huelga y no porque se haya limitado en lo más mínimo ese derecho, arma reivindicativa de los asalariados, sino porque la política del Gobierno, al servicio de sus intereses, significa una mejor satisfacción de sus necesidades.
Mayor libertad para gozar de salud
Los esfuerzos hechos en 1971 se han dirigido a consolidar la etapa indispensable que es optimizar los rendimientos de nuestro actual Servicio Nacional de Salud.
Señalamos como pasos al Servicio Único de Salud los significativos aumentos logrados en las consultas externas, pasando de ocho millones novecientos mil en 1970 a diez millones doscientos mil en 1971, lo que significa un incremento de 15,3% como promedio general.
Debemos destacar que en el curso del año 1971 observamos un aumento del 32,3% de las prestaciones entregadas por los servicios de urgencia. Este enorme aumento de la demanda se explica porque nuestros trabajadores han adquirido mayor conciencia de su derecho a la salud, aun cuando pensamos que la desproporción entre las consultas externas y los servicios de urgencia expresa la insuficiencia de las acciones de salud programadas en los consultorios externos, los que deberían canalizar ésta.
De ahí la prioridad especial concedida a las actividades y el desarrollo de la infraestructura de los consultorios periféricos. Sin embargo, debemos señalar que es aquí donde más influye nuestro antiguo déficit de recursos humanos calificados. En 1971 dispusimos de 6 mil médicos y 2.610 enfermeras, en circunstancias que tan sólo las acciones programadas requieren 9 mil médicos y 11.000 enfermeras. A pesar de todo, el Gobierno le concede a esta eclosión de la demanda social la significación de máximo estímulo para poner las instituciones realmente al servicio de las demandas populares. La preocupación relevante del Gobierno Popular por la salud del binomio madre e hijo se expresa en cifras concretas. El programa de alimentación suplementaria entregó 48.000.000 de kilos de leche a toda la población infantil y materna beneficiaria, significando un aumento real del 350% en relación a 1970. La disminución de la mortalidad infantil alcanzó a 10,5% como promedio, disminuyendo en todos los rubros que la componen. Asimismo, el riesgo de la maternidad para la mujer de Chile se atenuó, reduciéndose su mortalidad en 17,6%.
Por otra parte, ha sido nuestro interés garantizar el acceso de todos los sectores sociales a la disponibilidad de medicamentos, impulsando de manera substancial el desarrollo nacional farmacéutico en los Servicios Públicos, para que contemple todo lo necesario para asegurar una atención médica suficiente. En 1971, el Laboratorio Chile aumentó su producción en un promedio de 45% mientras que en 1970 lo hizo sólo en un 3%. Incrementó sus entregas al Servicio Nacional de salud en un 41%. En febrero último se ha constituido el Comité Sectorial de Desarrollo de la Industria Farmacéutica de la CORFO, estructura necesaria para consolidar y proyectar lo logrado en esa materia. Ante nuestro déficit, en 1971 el Servicio Nacional de Salud ha aumentado sus médicos en un 6,6%, sus odontólogos en un 31,5% Y sus enfermeras en un 17,6%, destacándose además la extensión de los beneficios médico-odontológicos del Servicio Médico Nacional de Empleados a las provincias de Maule, Concepción, Osorno, O’Higgins, Talca, Ñuble, Cautín, Valdivia, Llanquihue, Magallanes y Santiago, beneficiando a poblaciones que carecían de ellos.
En este orden de cosas, se formuló en 1971 las disposiciones que rigen el sistema de médicos generales de zona, elevándose la cifra de ellos de 195 a 674 en 1971-72. Se dictó, además, el reglamento que crea el odontólogo general de zona, disponiéndose para 1972 de más de doscientas plazas a lo largo del país.
Ha sido nuestra preocupación permanente destacar las acciones destinadas a proteger y fomentar la salud de los chilenos, haciendo realidad los conceptos de una medicina integral preventivo-curativa. Por eso le hemos concedido especial prioridad a los programas de higiene ambiental y salud ocupacional, destinados fundamentalmente a proteger la salud del trabajador en su propio centro de trabajo. Así, se ha firmado un convenio entre el Servicio Nacional de Salud y la Central Única de Trabajadores orientado a preparar la capacitación y participación de estos últimos en los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad Industriales previstos por la ley, lográndose en el período de referencia complementar la formación de 3.000 trabajadores.
Mayor libertad de acceso a la cultura
En 1971 se hizo efectiva por vez primera lo que hasta entonces fue una inspiración: que la matrícula en la enseñanza básica fuera totalmente gratuita. En la enseñanza media el valor de la matrícula fue congelado al que tenía en 1970 y se declararon voluntarias las cuotas en los centros de padres. Para los párvulos, el esfuerzo realizado determinó un crecimiento de un 13,7% en relación a 1970, el más alto de los últimos años. Las medidas adoptadas permitieron proporcionar educación básica al 97,9% de la población escolar entre 6 y 14 años. Del total de la población escolar, extendida hasta los 19 años, se logró aumentar la matrícula a más del 50 por ciento, lo que representó un incremento de la escolaridad de 9,5 por ciento respecto a 1970.
En la educación media regular, el número de postulantes se duplicó entre 1970 y 1971, pasando de 29.000 a 65.000.
La planificación exige ligar el proceso educacional con el desarrollo. Se estima que para un lapso de diez años será necesario un ingreso de treinta y cinco a cuarenta mil estudiantes anuales en las carreras universitarias tradicionales y en otras de la enseñanza superior. En 1971, la creación de 38.500 nuevas vacantes en la enseñanza superior representó un 88,1% de aumento en relación al año pasado y la atención de más del 70% de los postulantes.
El total de la matrícula universitaria se elevó a 100.100 alumnos. El crecimiento de las matrículas -30%- es el más alto que se ha dado en los últimos cinco años. En la Universidad Técnica del Estado el número de vacantes en carreras cortas aumentó en más de mil por ciento.
Esta última Universidad creó 1.140 vacantes para trabajadores, y 300 la Universidad de Chile.
Además, INACAP y la Universidad Técnica ampliaron en un 143% la capacidad de los cursos especiales destinados a los trabajadores interesados en ingresar a la Universidad.
Mayor libertad para gozar de protección social
Las prestaciones de la seguridad social constituyen otras formas de redistribución de ingresos hacia los sectores asalariados y asegurados de la comunidad.
El proceso de nivelación de las asignaciones familiares, iniciado en 1971, ha llegado en el año 1972, a comprender alrededor del 80% del total de cargas del país y en especial de los obreros, campesinos, Fuerzas Armadas, Carabineros y empleados públicos.
Para ello fue necesario incrementar la Asignación Familiar Obrera en un 100%, la de las Fuerzas Armadas y Carabineros en un 112, 5%, y la del sector público en un 50%.
La población protegida por la Seguridad Social, que correspondía en 1970 al 72% de la población total, aumentó al 90% al crearse la Caja de los Comerciantes, Pequeños Industriales y Artesanos, Transportistas e Independientes.
Las 4.253.000 cargas familiares de la población activa y pasiva, en la mayoría de las instituciones previsionales están protegidas no sólo en cuanto al pago de esta prestación sino que también reciben beneficios como atención médica, maternidad, riesgos por viudez y orfandad.
Persisten injusticias en el sistema chileno de seguridad social. Los institutos previsionales no otorgan los mismos beneficios, ni siquiera a beneficiarios de la misma condición. Hemos tomado medidas inmediatas para corregirlas y otras se encuentran actualmente en el Parlamento como el Fondo Nacional de Prestaciones familiares, representativo de un tercio del costo total de la Seguridad Social.
Paulatinamente reemplazaremos la Seguridad Social vigente para terminar con todo el sistema discriminatorio que hemos heredado. Actualmente no existe un verdadero seguro de desempleo para todos los sectores. Entre otros, para los efectos al Servicio de Seguro Social, pese a ser ésta la categoría de trabajadores más expuesta a la cesantía. Para el sector de los empleados particulares, rectifica estas deficiencias una ley que sólo espera su publicación.
El año 1971 significó para los pensionados una elevación considerable en el monto de las pensiones mínimas, particularmente en el Servicio de Seguro Social cuyas pensiones de invalidez y vejez aumentaron a E 510., en el año 1972 a un 100% del salario mínimo industrial, es decir E 900. Desde que asumió el Gobierno Popular el crecimiento real de las pensiones mínimas de vejez e invalidez en el Servicio de Seguro Social es del orden del 78,5%.
Para los jubilados afectos a un fondo revalorizador de pensiones, se otorga un reajuste que cubre el deterioro de todo el año, y no como antes de sólo seis meses, y un reajuste general adicional del orden del 8%. Esperamos asimismo fijar las pensiones mínimas para 1972 en un monto igual al sueldo vital de los empleados particulares.
Mayor libertad para disponer de una vivienda
El Plan Habitacional de 1971 dio atención preferente a las familias sin casa, y se ha tratado de solucionar los graves problemas de los campamentos, completando la urbanización de alrededor de 30.000 terrenos. Por otra parte, se derogó la reajustabilidad establecida para los dividendos CORVI, CORHABIT y de las Cajas de Previsión, medida que va en beneficio directo del presupuesto familiar. En el sector público, el nuevo enfoque del problema habitacional se tradujo en la iniciación de aproximadamente 80.000 habitaciones y 7.000 viviendas campesinas adicionales. Esto representa el esfuerzo habitacional más grande que el país haya hecho en un año, y cuadriplica el promedio del período 1967-1970.
La actividad del sector privado disminuyó apreciablemente; inició 12.000 casas. La labor del sector público debió orientarse a soluciones de emergencia, especialmente a raíz del sismo y condiciones climáticas adversas. Se entregaron 42.000 viviendas de emergencia, 31.000 mediaguas, materiales para construcción y casetas sanitarias. Se urbanizaron 27.780 terrenos y se ejecutaron numerosas obras complementarias de urbanización y pavimentación urbana.
El papel de los sectores medios
Nuestro propósito es convocar a los chilenos a la tarea generosa de crear una sociedad más justa para las grandes mayorías nacionales, hasta hoy sacrificadas.
Quiero referirme, aquí, a los ciudadanos de las capas medias. Nadie puede admitir sensatamente que alguien pueda ser sancionado por haber alcanzado, gracias a sus propios méritos, una posición más elevada en la estructura social. Mi Gobierno aspira a proporcionar a cada uno igual posibilidad para forjarse un mejor futuro. Requerimos a quienes detentan capacidad intelectual, técnica o directriz para que contribuyan de manera positiva a la concreción más rápida de la gran empresa nacional en que estamos empeñados.
El Gobierno asegura la estabilidad en el trabajo de los técnicos, profesionales, empleados y obreros del sector público. Sus posibilidades de ascenso personal, por sus propios méritos y esfuerzos, sólo tienden a aumentar en la medida que crezca y se generalice la prosperidad nacional. Ninguna sociedad moderna puede sobrevivir y desarrollarse si no cuenta con un dominio completo y progresivo de la tecnología más avanzada, y si no se rige por formas racionales y eficaces de gestión. El dominio de la técnica y racionalidad administrativa compete a profesionales debidamente preparados, cuyas condiciones de vida y de trabajo deberán ser progresivamente mejoradas para que contribuyan al desarrollo, tanto por razones de solidaridad social como por la del estímulo de mejoramiento en sus posibilidades profesionales. El socialismo necesita de la ciencia, la técnica y la cultura más que el capitalismo.
Garantizamos que no pesa ni pesará ninguna amenaza sobre los comerciantes, artesanos, pequeños industriales y mineros, pequeños empresarios autónomos. Por considerar la extraordinaria importancia de millares de empresas familiares de gestión privada como área de producción de bienes y servicios indispensables, que ocupan a un número mucho mayor de obreros que las grandes empresas monopolistas. De ahí nuestro estímulo a la gestión autónoma de sus actividades. Y la ayuda técnica y financiera para ampliar su capacidad de absorber mano de obra, de elevar el nivel de vida de los trabajadores, y su capacidad de atender las necesidades de los consumidores de sus productos.
En orden a materializar estos principios, la nacionalización del sistema financiero ha permitido democratizar el crédito haciéndolo más accesible a les medianos y pequeños productores, así como al conjunto de las actividades del país.
En la agricultura, la tasa de interés del crédito fue reducida en un 25% para el sector no reformado. Los créditos del Banco del Estado a medianos y pequeños agricultores e industriales sumaron noventa millones de escudos contra veintiuno en 1970. Los créditos del mismo Banco al sector de la construcción se incrementaron en 62%.
El Servicio de Asistencia Técnica y Financiera de la CORFO a la pequeña industria y artesanado, aumentó sus operaciones de doscientos ochenta y seis en 1970 a tres mil seiscientos setenta y tres en 1971.
Los medianos y pequeños empresarios han empezado a participar en los organismos públicos donde se adoptan decisiones que les conciernen. Así, los pequeños y medianos mineros están representados, junto a los trabajadores, en los Consejos Mineros de Desarrollo. Los representantes de la empresa media y pequeña se han incorporado, por primera vez, a los Comités Sectoriales de la CORFO, y será ampliada su participación en el Consejo Nacional de Desarrollo.
Merece ser destacada la extensión de la previsión social a 130.000 comerciantes, 30.000 pequeños industriales y artesanos, 70.000 transportistas, 1.300 químico-farmacéuticos, 200.000 feriantes ambulantes y estacionados, 250.000 agricultores. Estamos construyendo un número de viviendas sin precedente para los sectores medios.
Es el firme propósito de mi Gobierno establecer las condiciones que permitan a los sectores medios un futuro mejor que su presente y su pasado. Esto no es una concesión. Para un revolucionario hay incompatibilidad entre el interés del gran capitalista y el de los obreros, porque el primero hace su riqueza en la medida que explota a los segundos. Pero no hay antagonismos entre los intereses inmediatos de los trabajadores, y los de empleados, profesionales y técnicos. El desarrollo de la organización popular, participación y poder de los trabajadores Durante decenios hemos luchado contra una práctica y entendimiento de la democracia puramente formales, en que el sufragio, símbolo externo de la manifestación del poder, ocultaba una realidad enajenante de la voluntad popular. La auténtica democracia exige la permanente presencia y participación del ciudadano en los asuntos comunes, la vivencia directa e inmediata de la problemática social de la que es sujeto, que no puede limitarse a la periódica entrega de un mandato representativo. La democracia se vive, no se delega. Hacer vivir la democracia significa imponer las libertades sociales.
Hemos combatido siempre la concepción individualista de la democracia, vinculada al egoísmo propio de una organización capitalista, en que la concentración de los recursos económicos fundamentales en una minoría dominante permitía a ésta usufructuar de los mecanismos políticos representativos. Los grandes cambios efectuados en los últimos meses para imponer la democracia económica, nos proporcionan el instrumento indispensable para alcanzar la democracia social. Esta nunca ha sido concedida por los capitalistas, sino que ha sido conquistada por el pueblo. La organización y la conciencia son el resorte principal para que quienes viven de su propio trabajo se impongan a los que gozan del ajeno. Por eso mi Gobierno ha emprendido la tarea de robustecer la organización del pueblo.
La actividad humana conforma un todo aunque aparezcan fragmentadas sus manifestaciones concretas. Nuestros conciudadanos deben asumir responsabilidades directas en la toma de decisiones tanto en sus centros de residencia, como en sus centros de trabajo y en la comunidad nacional.
Por un lado, hemos impulsado la creación de organizaciones comunitarias. Así, se ha reconocido la personalidad jurídica a 975 Juntas de Vecinos. De 681 Centros de Madres existentes en noviembre de 1970, hemos llegado a 3.859.
Pero la vida del hombre gira en torno de su facultad de amar, de crear, de trabajar. En sus relaciones de trabajo reside el principal condicionante de su libertad. Muchas generaciones de trabajadores se han sacrificado para hacer posible la conquista del poder económico y nadie puede esperar que las nuevas estructuras de propiedad social y de relaciones laborales se instauren acabada mente de un día para otro.
Las decisiones de los trabajadores en las empresas del Área Social, en el área reformada del campo y en otros centros, no se toman de modo anárquico, como desearían quienes buscan el fracaso de la revolución, sino ordenadamente, de acuerdo con criterios generales sancionados por la propia clase trabajadora, por sus representantes y por los partidos populares que integran el Gobierno. En el agro se ha organizado el Consejo Campesino Nacional y veinte Provinciales. Se han creado también en las Comunas, cubriendo el 86%0 de ellas en 1971. En los Consejos Comunales, la participación popular alcanza un nivel democrático nunca antes conocido en el país. Forman parte todos los campesinos, hombres y mujeres, cualquiera sea su condición. Están presentes los asalariados, arrendatarios, medieros, pequeños propietarios, asentados, afuerinos, cesantes, cooperados, miembros de los Centros de Reforma Agraria. Su competencia abarca la planificación, ejecución y control de las medidas agrarias, e incluso aquellas materias políticas que de algún modo les afectan.
En las empresas del Área Social y mixta han empezado a funcionar los mecanismos de participación, acordados por el Gobierno y la Central Única de Trabajadores, tras haber sido discutidos durante varios meses en los organismos sindicales de base. Tienen el pluralismo que les confiere la elección libre, secreta, uninominal y proporcional de sus miembros representantes de la Asamblea General de Trabajadores. Tienen la amplitud de incorporar conjuntamente a obreros, empleados y técnico-profesionales. Tienen el contenido de clase que les confiere el que los representantes del Gobierno -en número no superior a los de la Asamblea General- están comprometidos con la revolución socialista. Tienen la misión de expresar el poder de los trabajadores en las empresas. Pluralismo, amplitud, contenido de clase y misión que hará de nuestro sistema de participación uno de los más auténticos y representativos del mundo en transición al socialismo en la medida que opere regularmente.
Una nueva realidad está surgiendo en los sectores que se incorporan al control directo de los trabajadores. Apenas empieza, pero ya se puede entrever su fructificación. Comienza en las fábricas transferidas al Sector Social, donde los contenidos solidarios de la dirección obrera transfiguran las formas de trabajar y convivir. Mañana, además de centros de trabajo, las empresas serán centros de cultura y de educación. Los lugares donde los trabajadores pasan la mayor parte de sus vidas deben desarrollar con imaginación creadora todas las formas de convivencia estimulante, de autosuperación educativa, de cultivo artístico y de recreación.
Para ello, deberán establecerse -en colaboración con intelectuales y artistas- centros deportivos, núcleos de enseñanza y difusión cultural. Deberán, además, asegurar al joven obrero las necesarias condiciones para completar su escolaridad general en cursos intensivos, inclusive dentro del horario regular de trabajo. Y deberá prestarse atención especial a la mujer que trabaja, a sus aspiraciones y necesidades específicas.
De ese modo la mina, la fábrica, la oficina, la empresa agrícola comercial, irán perdiendo el aspecto inhumano, orientado exclusivamente hacia la búsqueda de ganancias que les confirió la sociedad capitalista, para adquirir la fisonomía de instituciones sociales que anticipen el carácter socialista de la futura sociedad chilena, al volcar sus preocupaciones tanto a la producción y a la productividad como a llenar las necesidades existencia les de belleza y felicidad de los trabajadores. En este camino, a fines de abril último, en más de setenta empresas del Área Social y mixta 71.000 trabajadores de todas las tendencias políticas habían aprobado sus Reglamentos de Participación, y habían elegido directamente a sus representantes en el Consejo de Administración. A mediados de este año, alrededor de 150.000 trabajadores habrán designado a sus mandatarios.
En las empresas del área privada, los trabajadores deberán ser informados debidamente, a través de sus sindicatos, de las decisiones que afectan su condición laboral presente y futura: producción, empleo, salarios, organización interna del trabajo e inversiones.
Además, se ha empezado a establecer mecanismos de participación popular en servicios importantes, como el de atención médica. La democratización y desarrollo de nuestros planes ha llevado a crear en septiembre pasado, en todo establecimiento del S.N.S., los Consejos Locales de Salud, que deberán examinar y contribuir a la mejor solución de los problemas que les atañen en interés de la comunidad. El mismo espíritu de organización y participación directa ha llevado a la creación de los Comités Comunales de Emergencia.
Todo el sistema de decisiones del Gobierno está cambiando de sentido. Una nueva realidad política está surgiendo dentro del Estado. Hoy, los representantes directos de los trabajadores están participando en las decisiones de todos los escalones del Gobierno, desde el Congreso Nacional de Desarrollo hasta los Comités Sectoriales de la CORFO, así como en los Consejos Provinciales de Desarrollo. En el futuro inmediato, nuestra tarea es perfeccionar y aumentar sin pausa el control del Estado por los trabajadores, por la real fuerza creadora del país.
A las organizaciones del poder capitalista los trabajadores han opuesto la fortaleza de las suyas. El futuro de nuestro proceso revolucionario reposa, esencialmente, en el desarrollo del poder organizado de los trabajadores; de ahí el esfuerzo de mi Gobierno por impulsar sus instituciones.
En enero de 1971, la Central Única de Trabajadores, principal institución representativa de los asalariados, fue legalmente reconocida tras años de desprecio y persecución. Hoy agrupa más de un millón de afiliados. También se ha otorgado personalidad jurídica a organizaciones gremiales de los empleados, entre otras la agrupación Nacional de Trabajadores Semifiscales, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Confederación de Empleados de Industria y Comercio y la Confederación de Empleados Particulares.
Durante 1971 se otorgó personalidad jurídica a 599 sindicatos industriales, 85% más que el año anterior. Agrupan a 35.000 asociados. En el sector rural, la organización campesina ha hecho progresos considerables. En el año anterior fueron reconocidos 122 sindicatos agrícolas que agrupan a 127.000 miembros.
El proceso sigue su curso. Muchos obstáculos han sido superados, pero antiguos problemas subsisten y han surgido muchos otros nuevos. Así es la dinámica de la historia. Nuestra misión es encauzarla, no alimentar vana esperanza de frenarla y, para ello nada más realista y efectivo que estimular nuestra capacidad creadora y organizadora.
Por eso estamos impulsando las Juntas de Abastecimiento y Precios, para que colaboren con los funcionarios en el control de los precios oficiales y en asegurar el abastecimiento. Estas surgen como una necesidad en el seno mismo de las masas para defenderse del agio, de la mala distribución y del acaparamiento. Es obligación del Gobierno cooperar a su formación y desarrollo.
La expansión de nuestras relaciones internacionales
Honorables Senadores y Diputados:
La voluntad de liberar nuestra economía de la entrega al capital extranjero imponía exigencias especiales a la política internacional. Encarar frontal mente y con la dignidad de un pueblo libre al, poder económico establecido en nuestra Patria, entraña riesgos equivalentes a la magnitud y al poderío de las fuerzas imperialistas.
Las actividades económicas esenciales del país dependían de grandes empresas norteamericanas con increíble capacidad de intervención interna. Nuestra permanente preocupación ha sido evitar que logren aislarnos o bloquearnos, ni económica ni políticamente. Sin embargo, han conseguido ejercer diversas presiones, en particular interrumpiendo drásticamente el regular flujo de créditos. Para nuestra lucha por la independencia económica, debíamos contar con la amistad, ayuda y comprensión de los pueblos de Latinoamérica. Era nuestra obligación incrementar la intensidad de nuestros vínculos con los países hermanos, y contribuir resueltamente al desarrollo del Pacto Andino.
Nuestras visitas a Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, resultado de invitaciones que nos honran, permitieron llevar un mensaje de esperanza a sus pueblos y establecer una relación directa con sus Gobernantes. A su vez nos han distinguido con su presencia los Presidentes de Argentina y México. Derribamos de este modo las artificiales fronteras ideológicas en favor de los comunes intereses. Para los pueblos y gobernantes con que conversamos; el afecto de Chile y nuestro reconocimiento. En este, sentido, el reencuentro con Cuba revolucionaria, simbolizado en la presencia de Fidel Castro entre nosotros, tiene un profundo significado para Latinoamérica.
Chile ha debido diversificar aceleradamente sus relaciones comerciales con los países industriales capitalistas. Hemos reforzado nuestros vínculos económicos con Europa Occidental y Japón, propiciando una política de cooperación sobre bases ventajosas para nuestra economía. Hemos logrado que se comprenda el esfuerzo interno que estamos realizando, lo que se ha traducido en apoyo ante nuestra solicitud de renegociar la deuda externa.
Mi Gobierno ha concertado las relaciones internacionales más amplias de nuestra historia.
Hemos ejercido nuestra independencia política, que no acepta tutela alguna, reconociendo Estados de reciente constitución, ya la totalidad de los Gobiernos socialistas establecidos en el mundo, cuya reciprocidad se ha traducido en una amplia colaboración de orden técnico, económico y cultural. Elevaremos al rango de Embajada nuestra representación en Corea del Norte y en Norvietnam.
Por último, la comunidad internacional ha demostrado su simpatía y amistad por nuestra Patria al aceptar la invitación formulada por el Gobierno Popular para celebrar en Santiago la III Reunión de la UNCTAD.
De este modo, la política internacional del Gobierno va convirtiendo en un factor positivo, coadyuvante a nuestra tarea transformadora, las relaciones con el extranjero que, en un principio, aparecían como un peligro potencial.
Nuestro Gobierno ha sido consecuente con su pensamiento al exponer en todos los foros internacionales y, particularmente, en la III UNCTAD, sus posiciones fundamentales.
Planteamos la conveniencia de que el nuevo sistema monetario internacional sea estructurado en consulta democrática con todos los países del mundo, superando la experiencia de Bretton Woods. Planteamos, asimismo, la conveniencia de crear un mecanismo automático de renegociación de la pesada deuda externa que tienen que soportar los países pobres.
Relamamos la necesidad de que las grandes potencias respeten las decisiones adoptadas por los países débiles conforme a su propio régimen jurídico interno y dentro del marco del derecho internacional. y la urgencia de transformar las economías de guerra en una economía de paz al servicio del progreso de los pueblos. Necesidades todas ellas de urgencia inaplazable y sobre cuya solución, desafortunadamente, subsisten motivos de pesimismo.
En concordancia con nuestra posición en política internacional, votamos a favor del ingreso de la República Popular China a las Naciones Unidas. Más tarde hemos hecho presente nuestra protesta por la agresión de que es víctima el pueblo de Vietnam, y en el seno de organismos continentales hemos repudiado la artera intervención de la International Telegraph and Telephone en nuestro país. En todas partes hemos mantenido y mantendremos nuestra irrenunciable posición de defensa de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
Dificultades económicas
Las transformaciones estructurales que hemos introducido en la economía del país, junto con reactivarlas, han provocado algunos desequilibrios que, en parte, son consecuencia del sistema anémico y deformado que hemos recibido por herencia, y también producto de la intensidad con que se han desarrollado algunos aspectos de la política económica durante 1971.
La política redistributiva con reactivación económica permitió un aumento excepcional de la producción. Sin embargo, el aumento de los ingresos monetarios de la población fue aún mayor. El exceso de liquidez no alcanzó a ser absorbido por el ahorro y las mayores necesidades de dinero que implicaba la circulación de los bienes. Parte del sector privado aumentó su preferencia por mantener saldos líquidos a fines de consumo o de inversión especulativa.
En el aumento de la cantidad de dinero ocurrida en la economía chilena, han incidido varios factores. En 1971, los salarios monetarios aumentaron en más de 50% sobre 1970, y en las estimaciones para 1972 alcanzan una cifra entre 35 y 40%. Ha sido sobrepasado con creces el objetivo límite del acuerdo CUT-Gobierno para 1972. Esto ha mejorado considerablemente los ingresos reales de los asalariados, pero sus excesos cuestionan lo obtenido.
El déficit fiscal que se ha traducido en expansión monetaria se podría reducir interrumpiendo el gasto o aumentando los ingresos. Disminuir el gasto habría significado menos escuelas, menos hospitales, menos viviendas, menos empleos, menos Reforma Agraria, es decir, renunciar a importantes necesidades de nuestra población.
En parte por responsabilidades propias, y en parte por impedimentos ajenos al Ejecutivo, no hemos hecho todo lo que era posible para que los ingresos recogidos fueran iguales o próximos al gasto efectuado. No se ha terminado con la evasión tributaria, que por sí misma es igual o mayor que el déficit. Tampoco se ha sido lo suficientemente estricto en la recuperación de los créditos otorgados por los Bancos y otros organismos estatales, ni en la fiscalización de los pagos al Servicio de Seguridad Social.
Otras necesidades fundamentales escapaban a nuestro poder de decisión. Las iniciativas del Gobierno en materia de tributos habrían elevado los ingresos fiscales fundamentalmente a costa de las grandes empresas y del pequeño sector de la población que tiene más alta renta, pero han sido rechazados o desvirtuados por el Parlamento. Es el caso, por ejemplo de los impuestos a los bienes raíces de avalúo superior a veinticinco sueldos vitales anuales, que corresponden al 16% de los bienes raíces; el de los impuestos a las utilidades extraordinarias, que afectaba a menos del 3% de las empresas; el de los impuestos discriminatorios a los cigarrillos, vinos y licores, a los que la mayoría parlamentaria les quitó su carácter progresivo.
Otro factor ha contribuido en forma importante a la presión sobre los bienes de consumo y al aumento de la cantidad de dinero. Los empresarios privados han podido sostener y aumentar su consumo en 1971, destinando para ello una gran cantidad de recursos financieros adicionales provenientes de liquidación de stocks, disminución de la inversión, disminución del mantenimiento, reducción drástica de los créditos comerciales, aumento de colocaciones y otros. La gran cantidad de recursos líquidos en manos de los empresarios y sectores de altos ingresos, que compiten con los sectores más pobres en la obtención de bienes, ha empujado las presiones de demanda y contribuido al desarrollo de la especulación.
El desequilibrio entre esta gran cantidad de dinero y los aumentos de producción logrados, da como resultado presiones inflacionarias manifiestas y tensiones parciales en el abastecimiento de algunos productos agropecuarios e industriales. Dichas presiones, latentes y abiertas, aceleran el proceso inflacionario.
Respecto a las tensiones parciales en el abastecimiento, aparte de las presiones de demanda, está el hecho real de que la producción e importación de determinados bienes actualmente no bastan para cubrir todas las necesidades que el poder adquisitivo permitiría satisfacer.
Nos encontramos ante una economía con ocupación casi plena de su fuerza de trabajo y de la capacidad de producción de sus instalaciones, pero con síntomas de desabastecimiento parcial que no pueden ser amortiguadas con importaciones por la situación difícil de nuestro comercio exterior.
La expansión económica a que nos referimos presiona, también, sobre nuestra balanza de pagos. Existe un desbalance entre el ingreso de divisas y la necesidad interna de éstas para continuar con la política de crecimiento acelerado junto con implementar nuevas relaciones sociales de producción. En los problemas de comercio exterior inciden factores tanto coyunturales como estructurales. En lo que se refiere a los factores de carácter estructural, durante toda la década del 60, con la sola excepción de 1962, el saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos fue deficitario. Se cubrió con la entrada creciente del capital privado extranjero, y el endeudamiento nacional.
Iniciado el proceso transformador, el mecanismo anterior no podía continuar, ni por parte del Gobierno Popular ni por parte del Capital extranjero. Es así como el saldo neto del movimiento de capitales autónomos pasó de más 150 millones de dólares, en 1970, a menos 100 millones de dólares en 1971.
Esta no es la única presión estructural sobre la balanza de pagos. La expansión general de la actividad interna, especialmente industrial, requiere importaciones adicionales de bienes intermedios y otros.
Las necesidades por importaciones adicionales provocadas por la expansión económica se dan con dificultades coyunturales que es necesario tener en cuenta. El país sabe que el Gobierno recibió una economía con deudas que fue preciso renegociar, porque sus servicios comprometían más del 35% de los ingresos de exportaciones anuales El acuerdo del Club de París significó sólo un alivio relativo de nuestra balanza de pagos para 1972, ya que Chile debe pagar durante este año no menos de 230 millones de dólares por concepto de servicio de la deuda.
Ha afectado también al problema de divisas la devaluación del dólar, decisión que ha contribuido a que la misma cantidad de importaciones haya supuesto 120 millones de dólares más que en 1971. No menos importante ha sido la disminución de los precios internacionales del cobre en 1971, que significó una disminución del ingreso en divisas de 110 millones de dólares. Habría que añadir a estos deterioros los 50 millones de dólares perdidos en 1971 por los errores cometidos en el anterior programa de inversiones del cobre, y en la explotación irracional de estos minerales en los últimos meses de gestión de las empresas extranjeras.
Necesitamos cada vez más divisas: debemos pagar nuestra deuda acumulada e importar cada vez más bienes, cada vez más caros por la política monetaria internacional. Además, ciertas instituciones económicas norteamericanas han ejercido represalias contra nuestra política nacionalista, han sido negados varios créditos regularmente solicitados a organismos financieros internacionales; la Anaconda y la Braden lograron órdenes de embargo sobre bienes chilenos en Nueva York, entorpeciendo así el comercio con este país. Los créditos de los bancos norteamericanos bajaron de 220 millones de dólares, en agosto de 1970, a 75 millones de dólares en noviembre de 1971 y a poco más de 20 millones de dólares en enero de 1972.
Del mismo modo que la institucionalidad y las formas jurídicas del Estado deben necesariamente responder a la nueva realidad socioeconómica en génesis, la solución de los problemas crónicos de nuestra economía, como la inflación y los desequilibrios del comercio exterior, no puede alcanzarse por el sólo empleo de arbitrios tradicionales. Será el logro y consolidación de las transformaciones que estamos operando las que -en definitiva- permitirán superar aquellas dificultades.
Dificultades políticas
Conciudadanos del Congreso:
Las experiencias vividas por otros pueblos, en otras circunstancias históricas, deben ilustrar a los chilenos para evitar los errores que tuvieron tan alto costo en vidas humanas y en esfuerzos frustrados.
Entre las fuerzas políticas que sustentan al Gobierno, subsisten métodos y conductas inadecuadas o erróneas que gravitan negativamente en el proceso revolucionario.
Es preciso tener plena conciencia de que el éxito de la empresa que hemos iniciado depende, en gran medida, de la capacidad del movimiento popular y de cada uno de sus hombres, no sólo para admitir honestamente los errores, sino para rectificarlos en el actuar cotidiano.
En primer término, no es dable aceptar que las apreciaciones, diferentes en lo meramente táctico, de las fuerzas políticas que nos apoyan, puedan llegar a ser obstáculos en el camino que hemos emprendido hacia el cumplimiento integral de nuestro Programa.
Tales diferencias, siempre superadas en las direcciones, afloran a veces en los órganos de la administración, o de la gestión económica, o en las bases del movimiento sindical y político. Es deber ineludible de cada uno de los partidos y movimientos que integran el Gobierno continuar esforzándose -día a día- por eliminar tales divergencias dentro de los marcos del pluralismo ideológico.
Por otra parte, nuestras estructuras de dirección en lo político y en lo administrativo han sido capaces de impulsar con éxito la realización del programa de Gobierno. Sin embargo, mantienen deficiencias que retardan o entorpecen las decisiones, impidiendo que éstas sean tan prontas y eficaces como demanda la realidad que vivimos. Es imperativo, en consecuencia, aplicarnos al mejoramiento de los mecanismos directivos, en todos los campos de actividad y en todas las jerarquías.
Si diferencias tácticas afloran en oportunidades dentro de la Unidad Popular, mayores son las que se manifiestan en otros grupos revolucionarios que, con sus actuaciones, se sitúan en una posición potencialmente conflictiva con el Gobierno y los Partidos que lo integran. Lo que debe llamar a reflexión. Si el adversario no está en la izquierda, jamás debería estar allí el enemigo.
La Administración Pública debe comprender cabalmente que está al servicio de los administrados. Debe ser permeable a los impulsos renovadores surgidos de la base misma de la población. Para lograr estos fines, se requiere que la lucha anti-burocrática sea para los trabajadores un derecho y una obligación.
Reiteradamente, las fuerzas populares han condenado el exclusivismo partidista como factor que coarta la labor gubernativa. La diferenciación partidaria no será nunca causa justa para amparar la ineficacia ni para tolerar la desaprensión en el manejo de los asuntos públicos. El pueblo mismo, y especialmente los trabajadores, deben hacer terminar con tal práctica. Este es uno de los fines principales de la participación.
También debo referirme a tendencias negativas que surgen en ciertos grupos de trabajadores organizados y que obstaculizan el desenvolvimiento y consolidación de nuestra tarea revolucionaria. Existen orientaciones equivocadas en orden a exigir, en algunas empresas del Área Social, remuneraciones que no son compatibles con la situación real de las empresas, o que deterioran su situación financiera, comprometiendo las posibilidades de expandirse y generar excedentes. Tendencia que es sistemáticamente exacerbada por quienes, en la oposición, cultivan la errónea esperanza de que provocar la crisis económica general podría preservar la propiedad privada de los monopolios y permitirles recuperar sus privilegios.
Para contrarrestar tales tendencias, el Gobierne se propone vigorizar el proceso de integración de los trabajadores a la dirección de las empresas socializadas, y sustituir el actual sistema de remuneraciones por uno distinto que discutido por los obreros, empleados y técnicos de esas empresas, junto con los funcionarios del Estado, se ajustará a las nuevas características del Área Social. A lo largo de su historia, nuestra sociedad acumuló contradicciones de tal magnitud que con frecuencia -en el pasado y en el presente-, las nociones básicas del ordenamiento social y sus expresiones jurídicas fueron cuestionadas por los grupos sociales emergentes. La respuesta de los sectores dominantes fue, a menudo, el desencadenamiento del potencial represivo del Estado. Hoy, en medio de un proceso de cambios tan radicales, no es extraño que experimentemos los efectos de causas profundas que se traducen en ocupaciones de predios y establecimientos industriales. Nuestra respuesta no es ni puede ser la misma. Hemos utilizado la persuasión y el llamado a la conciencia de los trabajadores, desestimando los expedientes represivos. Y hemos tenido éxito, en términos generales.
Esperamos que los revolucionarios perciban las nuevas condiciones del país, las contradicciones que han surgido, las posibilidades que están abiertas, y rechacen en definitiva las conductas espontaneístas que entorpecen el logro de las grandes metas del proceso. Es la confianza de un Gobierno que ha sabido y sabrá cristalizar en hechos los anhelos populares.
Chile está ante otros graves problemas políticos. Se libra a cada instante una gran batalla a cuyo desenlace están ligados la paz y el progreso de nuestra Patria. Interesa al poder capitalista, como último recurso, enfrentar a campesinos con campesinos, obreros con obreros, y a los sectores medios con el conjunto de los trabajadores organizados. Pero esto perjudica a Chile como nación, como pueblo empeñado en salir del atraso, en liberarse del dominio económico foráneo y de una estructura social interna explotadora. Los campesinos militantes de la Democracia Cristiana podrán discrepar sobre una o cien materias con los de cualquier Partido de la Unidad Popular. Pero son campesinos. Quienes viven de su profesión no sólo pueden sino que deben manifestar los problemas que afectan a su ejercicio, pero no tienen nada en común con quienes buscan provocar el caos interno con la vana ilusión de preservar odiosas desigualdades.
Mi Gobierno se apoya en la fuerza social organizada de la Unidad Popular pero es consciente de que, por encima de discrepancias ideológicas, representa también los intereses objetivos de sectores medios y populares que no militan en la Unidad Popular. Mantendrá con ellos las relaciones propias del debate político democrático. En la esperanza de que las grandes mayorías sabrán superar sus divergencias internas para enfrentar unidas a quienes no han vacilado antes, y tampoco ahora, en provocar las condiciones que pueden sumergir a Chile en la anarquía.
Sin embargo, la mayor gravedad para la normal evolución de la vida política interna y la convivencia de nuestros conciudadanos, radica en la voluntad de ciertos sectores de la oposición de provocar un conflicto institucional. En los últimos meses se han forzado sucesivos enfrentamientos entre los Poderes del Estado, que han amenazado la esencia misma de nuestro sistema político y del régimen Presidencial, al atentar contra la independencia política de los Ministros, las facultades de colegislador privativas del Ejecutivo y la capacidad económica del Gobierno. Se ha llegado hasta el extremo de pretender invalidar la competencia y la independencia del Tribunal Constitucional. Invoco aquí la responsabilidad que cabe a cada uno de nosotros ante el destino superior de la Patria.
El vigor de la democracia política
Conciudadanos:
El proceso revolucionario que desde años se venía gestando en nuestro país ha irrumpido en todas las esferas, ha penetrado todos los resquicios de la vida nacional. Cada día, a cada minuto, se enfrentan dos mundos, dos concepciones de la ordenación social y de la convivencia humana. Uno de ellos es perfectamente conocido en sus valores y en sus realizaciones materiales. Es el mundo que ha existido, resquebrajado hoy en sus cimientos más hondos, y asediado por el ímpetu de un mundo que emerge de las profundidades donde estaba sumido, cuya realidad material podemos y debemos construir, porque es el Chile del futuro en que se impondrán los valores de fraternidad solidaria frente al egoísmo. Ese mundo sumergido hace sentir su fuerza, así como es palpable la desesperada resistencia de las estructuras, instituciones, clases y hombres amenazados en la continuidad de sus privilegios.
Nuestro país se encuentra inmerso en un cielo de revolución social y económica. Los acontecimientos se aceleran, produciendo en algunas situaciones de vértigo. Podemos razonablemente esperar que deparará a nuestra Patria momentos y trances difíciles recorrer tan agitado camino, en medio del antagonismo de fuerzas sociales enfrentadas en torno a dos modelos incompatibles, la sociedad capitalista agonizante y la sociedad socialista.
Ante la convulsión de las estructuras y normas tradicionales y la irrupción masiva de los desposeídos en la dirección política y económica, el régimen institucional ha venido experimentando una gran presión tendiente a hacerlo estallar. Hoy disponemos de pruebas documentales suficientes para conocer la envergadura de la maquinaria nacional e internacional puesta a operar contra nuestro sistema democrático.
Como Presidente de la República, éste es uno de mis principales motivos de preocupación. No me cabe la menor duda que el proceso revolucionario que estamos llevando adelante es por demás vigoroso para vencer cualquier intento irresponsable de contenerlo. Pero es mi vocación profunda, y mi obligación frente al pueblo entero de mi Patria, agotar mis esfuerzos para que la revolución avance en forma organizada y racional contra el capitalismo monopolista y la codicia de las empresas extranjeras. Mi Gobierno ha asumido la misión de encauzar las transformaciones fundamentales de modo orgánico y sincronizado, evitando desajustes entre lo necesario, lo posible y lo imposible que, en esta etapa de desplazamiento social del poder, podrían entrañar graves riesgos para la paz, el progreso y el bienestar inmediato del pueblo chileno.
En el vigor de la democracia política tenemos uno de los más apreciables instrumentos para asegurar el desarrollo regular del proceso revolucionario. Fortalecerla y ampliar los fundamentos en que se apoya es una de las más importantes tareas que persigue mi Gobierno.
El combate sostenido para abrir el camino de la democracia económica y conquistar las libertades sociales, es nuestra contribución mayor al desarrollo del régimen democrático en esta etapa de nuestra historia.
Llevarlo a cabo simultáneamente con la defensa de las libertades públicas e individuales, y el desarrollo del principio de legalidad, es el desafío histórico que todos los chilenos estamos enfrentando.
El camino revolucionario que nos trazamos y hemos venido siguiendo imperturbablemente ha hecho más reales y auténticas las libertades, al proporcionar más medios materiales para ejercerlas a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas; ha robustecido el régimen democrático, al poner en ejecución medidas que acabarán con la raíz de las desigualdades.
Nadie que observe nuestra realidad objetivamente puede dudar que el desarrollo del régimen democrático y de libertades está necesariamente ligado a la evolución del proceso revolucionario. Durante mi Gobierno se han producido conflictos y ocupaciones que han afectado a unos 1.700 predios, es decir, el equivalente del 0,5% del total de propiedades agrícolas. Prácticamente todos han sido resueltos. Pero si el proceso productivo y la paz se han mantenido en el campo, es porque en vez de represión mi Gobierno ha hecho revolución. Por cada hectárea ocupada, se han expropiado decenas de miles.
La democracia, las libertades y la seguridad colectiva, las afianzaremos en la medida que acabemos con las diferencias económicas, los privilegios sociales y las injusticias flagrantes. La movilización de las fuerzas populares proporciona a mi Gobierno su vigor político. Nuestra resuelta ejecución de medidas revolucionarias incide sobre las causas de las tensiones sociales y hace posible, por ende, el orden público. En el Chile de hoy la revolución social es garantía para el mantenimiento del orden público. Pero, simultáneamente, la demolición de los privilegios económicos provoca la creciente movilización de los sectores plutocráticos y conservadores, dispuestos a defender su mundo a cualquier precio. Los problemas de orden público provocados por los intereses en pugna van a aumentar considerablemente. Ante esto, la posición del Gobierno Popular es la que le corresponde: las tensiones sociales derivadas del levantar de los oprimidos, serán resueltas profundizando la revolución dentro del orden legal y de acuerdo con nuestro Programa; los atentados a la convivencia cívica provocados por los sectores privilegiados, o los grupos obcecados, serán resueltos por el imperio de la ley y por la firmeza de un Gobierno consciente de su responsabilidad en el desarrollo histórico de nuestra Patria.
Nos hemos propuesto asegurar la continuidad del proceso de transformaciones respetando el pluralismo político y cultural. Para lograrlo estamos tomando las medidas profundas de mayor efectividad. Nada amenaza más seriamente la posibilidad de hacer compatibles la revolución y el pluralismo que el desencadenamiento de la violencia -de imprevisible desarrollo. Por esta razón, quienes sin estar entregados a la defensa de privilegios están honestamente preocupados por el porvenir del pluralismo en Chile, deben comprender que evitaremos una situación de violencia económica, social y política contra el pueblo, en la medida que hayan sido sustraídos al control de la clase dominante y del capital foráneo los instrumentos de poder capaces de ser utilizados para generar una fuerza agresiva. Una vez más, la rápida democratización de las bases de la economía, el progreso en las libertades sociales y la movilización popular, aparecen como necesarias para asegurar la consolidación de la vía chilena hacia el socialismo.
Con toda su importancia para el fortalecimiento de nuestra democracia, los fenómenos que acabo de enumerar deben ser acompañados de otros cambios para garantizar el regular desarrollo de nuestro régimen institucional. Las profundas transformaciones que Chile está experimentando han producido un claro distanciamiento entre las nuevas necesidades de orden legal y una normativa jurídica tradicional. Nuestro sistema jurídico corresponde a un orden social que está siendo superado. No es realista pensar que el principio de legalidad y el estado de Derecho pueden dejar de cumplir la función ordenadora y dinámica que les debe ser propia para convertirse en una barrera al desarrollo social. Si tal cosa ocurriera, las fuerzas del cambio se impondrán.
En un sistema institucionalizado como el nuestro, es potencialmente perturbador mantener prolongadamente la incoherencia entre normas jurídicas de espíritu tradicional, por un lado, y las realidades socio-económicas que están naciendo, por otro. Todo un sistema normativo debe ser modificado y un conjunto de medidas administrativas ser puestas en práctica para ordenar las nuevas necesidades. El sistema bancario, el financiero, el régimen laboral, el de seguridad social, la administración regional, provincial, municipal y comercial, los sistemas de salud y educacionales, la legislación agraria e industrial, el sistema de planificación, la misma estructura administrativa del Estado, la propia Constitución Política, no se corresponden ya con las exigencias que los cambios instaurados están planteando. Este programa que interesa y pertenece al pueblo entero, debe ser discutido por él, para luego adquirir validez jurídica.
La regular continuidad del sistema institucional no depende sólo del Gobierno, mientras no disponga de mayoría en el Congreso. El ordenamiento legal no puede permanecer bloqueado mientras la realidad social, económica y política del país está cambiando incesante y rápidamente.
Mi Gobierno continuará defendiendo el régimen legal e institucional con la misma convicción revolucionaria y patriótica que ha demostrado. Pero ningún esfuerzo puede contribuir más a los requerimientos presentes que anticipar las transformaciones jurídicas que aseguren su elasticidad para las nuevas necesidades del futuro. Pocos peligros más graves le acechan que la rigidez o lentitud de los cambios jurídicos en medio del actual período de transformaciones profundas aceleradas. Por eso el Gobierno no cejará en impulsar la actividad legislativa de modo correspondiente a las exigencias de la realidad actual.
Esta es nuestra responsabilidad histórica en el momento presente y la asumimos plenamente, conscientes de que de su buen éxito depende la seguridad colectiva de los chilenos. Sobre estas bases podremos garantizar un porvenir político de libertad, progreso y paz.
La historia de Chile es la respuesta continua y obstinada a gigantescos desafíos. Desafíos de una naturaleza que es siempre necesario someter y, muchas veces, resistir, porque no entrega fácilmente su producto, y porque a menudo golpea al habitante con inclemente dureza.
Desafío de nuestra condición de ínsula, delimitada por el hielo, el desierto, la montaña y el mar, que hizo más difícil nuestra relación con el mundo.
Hoy es el tiempo en que el hombre ha cruzado el umbral del macrocosmos, y empieza a recorrer las magnitudes espaciales en tanto que penetra la intimidad de la materia. Hoy se nos vuelve a desafiar. Porque este nuevo cielo que ha comenzado el mundo coexiste con la ignorancia, el hambre y el dolor que todavía aplastan -intolerablemente- a casi los dos tercios de la humanidad.
Existe, por tanto, una abisal contradicción entre lo que el hombre contemporáneo es y lo que potencialmente está a su alcance.
Y ésta no puede resolverse dialécticamente sino mediante una nueva configuración de las relaciones entre los hombres, tanto en lo supranacional como en el seno de cada sociedad. Tal contradicción será resuelta por el Socialismo.
En este marco se inscribe la tarea ambiciosa que hemos emprendido: ser dueños de nosotros mismos y de nuestro porvenir.
La nación chilena se abre hacia el Pacífico. El mar no será límite, sino ruta y fuente de riqueza.
La Isla de Pascua es el enclave que prolonga en su distante meridiano la presencia de Chile.
Debe erigirse en centro importante de investigación científica, pivote de las comunicaciones con Oceanía y Asia, base de resguardo de nuestra soberanía.
Es deber actual la integración definitiva de nuestro territorio para que sobre las islas australes, el Aysén y la Antártica, tierras de potencialidad apenas intuida ejerza real soberanía. A la explotación ganadera y del petróleo, será menester sumar un conjunto de actividades productivas que permitan su expansión demográfica y tornen esas regiones en impulsoras decisivas de nuestro desarrollo.
Las zonas áridas, vieja tierra de vieja minería, que duerme bajo el signo de la mera extracción, deberán diversificarse. Rescataremos lo que hoy desperdiciamos de modo irracional.
Aproximaremos el hombre de Chile a sus montañas para recuperar, forestando, el equilibrio ecológico perdido.
Hay urgencia de que el país conozca todo el espectro de sus posibilidades económicas: la ejecución integral de los catastros agrológico, mineral y marino hará posible aumentar, en escala portentosa, el flujo de los bienes que requiere nuestra expansión económica.
Para vencer el centralismo que ha marcado nuestra convivencia durante decenios, hemos llevado el Gobierno a otras provincias para hacer de cada una de ellas la capital de Chile, aspirando a que mejores formas de organización económica, política, y social pongan al alcance del más lejano de nuestros compatriotas, la vida ciudadana en plenitud.
El esfuerzo que supone la conquista inminente de este futuro exige el concurso de todos los hombres y mujeres del país, de sus obreros manuales, y de su intelectualidad, de sus organizaciones civiles y de sus Fuerzas Armadas y Carabineros.
Se ha abierto para Chile una etapa superior de su historia. Más allá de las conmociones del diario acontecer, se vislumbra nuestra nueva Sociedad. Yo tengo absoluta confianza en la capacidad del pueblo para construirla.
A pesar de todos los obstáculos, Pueblo y Gobierno, unidos, venceremos.